Desde su nacimiento como proyecto, para ser convertida en Ley a fines de septiembre del a\u00f1o pasado, la iniciativa fue tomada como un caballito de batalla de la actual gesti\u00f3n, <\/strong>convocando a “un gran debate de los juje\u00f1os” en sus comienzos.<\/p>\n

Se abri\u00f3 una etapa de consultas con diversos sectores de la sociedad que emitieron su opini\u00f3n en torno a las modificaciones a incluir, pues el nuevo texto abarca m\u00e1s de 60 art\u00edculos.\u00a0<\/strong><\/p>\n

Sin embargo, los cuestionamientos a la reforma fueron en aumento, en especial en este mes, cuando las protestas de los estatales por salarios dignos sumaron a la consigna el “No a la nueva reforma”, <\/strong>ya que sostienen que es “retr\u00f3grada y quita derechos”.<\/strong><\/p>\n

<\/p>\n

Las comunidades originarias fueron las que levantaron la bandera de reclamo en gran parte de la provincia y esto se visibiliz\u00f3 con m\u00e1s fuerza en estos d\u00edas con cortes de ruta para exigir directamente la anulaci\u00f3n de la reforma constitucional oficialista.<\/p>\n

Frente al conflicto y antes de la jura, Morales dio marcha atr\u00e1s para revisar dos art\u00edculos, el 36 y el 50 (relacionados con derechos de los pueblos originarios), que ya hab\u00edan sido aprobados y volvieron a la redacci\u00f3n vieja del ’86.<\/p>\n

A la vez ratific\u00f3 el contenido del art\u00edculo 67 que limita la protesta social. <\/strong>“No solo es solo por uno o dos art\u00edculos contra nuestros derechos, la lucha es contra toda la reforma”, dijeron a T\u00e9lam referentes de Naci\u00f3n Kolla que representa a comunidades ind\u00edgenas de la quebrada y puna juje\u00f1a.<\/p>\n

<\/p>\n

La sesi\u00f3n preparatoria de la Convenci\u00f3n Constituyente se realiz\u00f3 el 22 de mayo, tras lo cual se habilit\u00f3 un plazo de tres meses para llevar adelante un debate de la norma, aunque la discusi\u00f3n concluy\u00f3 en menos de un mes.<\/p>\n

Tras quedar reglamentado el funcionamiento del cuerpo, se dio inicio trabajo de las siete comisiones sobre educaci\u00f3n, cultura, salud, seguridad, derechos, deberes, garant\u00edas, r\u00e9gimen electoral, municipal y de otros temas, incluyendo la comisi\u00f3n redactora.<\/p>\n

Un tema que fue apareciendo sobre la marcha y que gener\u00f3 un fuerte rechazo fue la intenci\u00f3n del Gobierno y sus constituyentes de suprimir las elecciones de medio t\u00e9rmino (cada dos a\u00f1os) modificando la Carta Magna<\/strong>, pero esto qued\u00f3 en el camino ya que ni siquiera se lo present\u00f3 como parte de un art\u00edculo.<\/p>\n

<\/p>\n

De los 48 constituyentes solo terminaron el debate 40 ya que los restantes presentaron sus renuncias, <\/strong>entre ellos los seis convencionales del Frente de Izquierda disconformes por el funcionamiento de las comisiones con falta de difusi\u00f3n y escasa participaci\u00f3n en las consultas, y se firmaron despachos de mayor\u00eda y minor\u00eda.<\/p>\n

Con el art\u00edculo 50, bajo el t\u00edtulo “Derechos y Garant\u00edas de las Comunidad de los Pueblos Ind\u00edgenas”,<\/strong><\/i> el Gobierno anunciaba una nueva Constituci\u00f3n ampliando derechos que protegen la identidad, la cultura, la espiritualidad y los modos de vida ancestrales, adem\u00e1s de garantizar la propiedad comunitaria.<\/p>\n

En sus enunciados fijaba que la Constituci\u00f3n “reconoce la preexistencia \u00e9tnica y cultural de las comunidades originarias y pueblos ind\u00edgenas de Jujuy y garantiza el respeto a su identidad, espiritualidad, herencia cultural conocimientos ancestrales y el derecho a una educaci\u00f3n biling\u00fce e intercultural”.<\/p>\n

<\/p>\n

El punto 2 establec\u00eda: “El Estado es el encargado de reconocer tanto la personer\u00eda jur\u00eddica de las comunidades dentro del territorio provincial como la posesi\u00f3n y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, con el fin de garantizar y reafirmar la integridad territorial de la provincia en la Naci\u00f3n”.<\/p>\n

En el 3, el Estado promueve la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano y el 4. Ninguna de las tierras mencionadas en los incisos anteriores ser\u00e1n enajenables, transmisibles ni susceptibles de grav\u00e1menes o embargos.<\/p>\n

Asimismo, el art\u00edculo en su inciso 5. “El Estado garantiza el derecho a la participaci\u00f3n y consulta previa e informada de las comunidades originarias reconocidas en la provincia respecto a sus recursos naturales y a los intereses que las afecten de manera directa”.<\/p>\n

Mientras que el Art\u00edculo 50 se mantiene con el texto “Garantiza la protecci\u00f3n a los abor\u00edgenes”, con lo cual “la provincia deber\u00e1 proteger a los abor\u00edgenes por medio de una legislaci\u00f3n adecuada que conduzca a su integraci\u00f3n y progreso econ\u00f3mico y social”.<\/p>\n

<\/p>\n